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Fracaso en el proyecto del Campus de la Justicia con gastos superiores a 95 millones de euros

Por   /  abril 23, 2018  /  No hay comentarios

El gobierno de Cristina Cifuentes, trasladó a la fiscalía una denuncia donde se señalan presuntas irregularidades presentadas en la gestión del proyecto del Campus de la Justicia madrileña, cuyos costes en la ejecución de las obras encargadas por su antecesora, Esperanza Aguirre, ascendieron a más de 95 millones de euros.

Esta querella responde a un dictamen realizado por parte de la Abogacía General, sobre el proyecto diseñado por el Ejecutivo de Aguirre quién proyectaba agrupar todos los cuerpos judiciales de Madrid, en el barrio de Valdebebas.

El portavoz de la comunidad ya había anunció hace unas semanas que se había elevado a la Abogacía General, el informe de la Cámara de Cuentas sobre el Campus de la Justicia para valorar si se debían tomar medidas.

Ángel Garrido dijo que en el informe había “cifras y datos” que generaban “dudas sobre la forma de gestión”.

En el informe realizado por la Cámara de Cuentas, se recogen diversos incumplimientos detectados de manera persistente, respecto a las normas de contratación pública y contable. El consejero de Presidencia y Justicia, Ángel Garrido, defendió que no hay relación alguna, con el hecho de que esta remisión coincida con la polémica sobre el máster de Cifuentes.

El Ejecutivo no actúa con “intereses partidistas“, sino que elevan los asuntos cuando tienen que hacerlo.

Este es uno de los macroproyectos de Esperanza Aguirre, que quedó paralizado por la crisis en 2010, y donde sólo se construyó un edificio por un total de 22 millones de euros, correspondiente al Instituto de Medicina Legal, que no ha funcionado jamás.

El Instituto de Medicina Legal, el único construido en Campus de la Justicia

Según el referido informe, la compañía encargada de gestionar la obra, llamada Campus de la Justicia S. A., no tuvo un criterio de coherencia entre el gasto económico y organizativo, observándose un desequilibrio entre la plantilla existente de 7 jefes y 3 administrativos, que percibieron un ingreso promedio de hasta 5 mil euros mensuales en 2009, sin evidencias de soportes de los contratos de trabajo respectivos.

Otros casos mencionados suponen la contratación no justificada de un fotógrafo en 2008, con un ingreso mensual de 3.500 euros y de un trabajador que después de haberse retirado de la empresa, le costearon un máster cursado el año anterior, así mismo el desembolso de 60 mil euros a una consultora para realizar un informe sobre el funcionamiento de juzgados que no se encuentra vinculado al objeto de la empresa.

Por otro lado, se encontraron gastos de más de 15 mil euros, a través de una tarjeta de crédito sin su debida justificación. Así mismo se cuestionan el proceso de adjudicación de ciertas licitaciones, cuyas ofertas presentadas corresponden a compañías relacionadas entre sí.

 

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  • Última modificación: abril 23, 2018 @ 12:02 pm
  • En la categoría: Política

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Redacción de Revista La Tribuna. Compartimos información de actualidad centrada en España.

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