El Partido Popular (PP), solicitó en el congreso que sean centrados los esfuerzos en fiscalizar el estado de excepción que se decretó el pasado 14 de marzo, el cual ya ha sido prorrogado en cuatro oportunidades, a través de un plan a ejecutar por la comisión de reconstrucción del país por la crisis del coronavirus.
Según la propuesta, la comisión tendría como objetivo examinar las medidas que se tomaron despuésde la declaración del estado de alarma y proponer estrategias “más adecuadas para revertir las consecuencias negativas de la crisis, con la finalidad de acelerar el proceso de recuperación económica y social».
Sin embargo, establecen que dicho análisis no debe caer en un debate sobre las libertades y derechos, que a opinión del PP, corren el riesgo de infringir la ley, algo que ya han propuesto los del PSOE y Unidad Podemos con la creación de solo cuatro grupos de trabajo: políticas sociales y sistema de cuidados; sanidad y salud pública; reactivación económica y Unión Europea.
La propuesta del PP establece que el dictamen final podría estar listo antes del 5 de julio, para que luego sea aprobado en el pleno del Congreso de los Diputados, durante la segunda semana de julio.
En este sentido, los populares tienen plena coincidencia con el PSOE, aunque plantean un calendario bastante apretado donde se tendrían que realizar sesiones cuatro días de la semana para poder cumplir con ese tiempo, es decir, unas 28 sesiones a partir del 28 de mayo y que tendrían que ser todos los lunes, jueves, viernes y sábados.
Dicho plan podría entonces perjudicar a las formaciones más pequeñas. A esta propuesta la comisión dará respuesta el día de hoy, a fin de que se pueda establecer un plan de trabajo.
Otra de las demandas realizada por el PP es que la comisión sea totalmente transparente como fuente de información de las políticas tomadas en esta crisis, por lo que solicitan que los parlamentarios puedan pedir cualquier documentación que consideren pertinente, en referencia a los asuntos que son abordados por esta, sin que exista ningún tipo de límite al respecto.
La respuesta a este aspecto, también se conocerá el día de hoy, cuando sea presentada la lista de los documentos a los que quieren tener acceso.
El objetivo de PP sería entonces poder recabar toda la información posible sobre los criterios de la desescalada utilizados, contratos, expertos, análisis, informes internos y por supuesto, la toma de decisiones por parte de la comisión.
Finalmente, la propuesta establece que además de la desclasificación, dicha información se pondría al alcance de todos los españoles para que de esa forma se garantice la máxima transparencia. «La documentación será pública y podrá acceder a ella cualquier ciudadano«, señaló PP.
